¿Cómo afecta la recepción de asistencia pública mi solicitud de ajuste de estatus (AOS)?
Santos Lloyd Law Team • January 12, 2023
Click here to read this article in Portuguese and English
La respuesta a esta pregunta cambió considerablemente después de que el presidente Biden revirtiera algunas de las duras políticas de inmigración del expresidente Trump. En 2019, Trump emitió una orden ejecutiva conocida como "La regla final de carga pública", que provocó que la recepción de la mayoría de los programas de asistencia pública afectara negativamente las solicitudes de AOS, y con pocas excepciones (por ejemplo, servicios de emergencia y beneficiarios de Medicaid que estaban embarazadas o eran menores a la edad de 21 años).
Bajo la administración actual, su recibo de asistencia pública puede continuar afectando negativamente su petición de AOS, pero solo en circunstancias limitadas. Depende de 1) cuál es su estatus migratorio actual; 2) el tipo de asistencia pública que está recibiendo; y 3) cuáles son sus circunstancias personales.
Si su estatus migratorio actual es el de asilado o refugiado, entonces su recibo pasado o actual de asistencia pública generalmente no afectará su solicitud de ajuste de estatus (AOS). Si no es un asilado o refugiado, se aplica lo siguiente.
Con respecto al tipo de asistencia recibida, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) evaluará si su recibo pasado o actual de asistencia pública indica que es probable que se convierta en una "carga pública", es decir, alguien que depende principalmente del gobierno para la subsistencia. Su solicitud será denegada si, en el momento de su solicitud, USCIS determina que actualmente es una carga pública o que es probable que se convierta en una carga pública en algún momento en el futuro.
Sin embargo, al tomar su determinación, USCIS puede considerar solo ciertos factores: La medida en que usted dependió de 1) la asistencia pública para el mantenimiento de ingresos; y 2) si ha requerido atención a largo plazo en una institución a expensas del gobierno. Los siguientes tipos de asistencia pública se encuentran dentro de la primera categoría (asistencia pública para el mantenimiento de ingresos) y afectarán negativamente su solicitud en ciertas situaciones:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI);
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) Asistencia en efectivo; programas de asistencia en efectivo estatales y locales que brindan beneficios para el mantenimiento de ingresos (a menudo llamados programas de "asistencia general");
- Programas para apoyar a los solicitantes institucionalizados para cuidados a largo plazo, por ejemplo, en un hogar de ancianos o institución de salud mental
Cuanto más tiempo dependa de la asistencia en efectivo o la atención institucional mencionada anteriormente, más lo sopesará USCIS en su solicitud. Pero, incluso si ha confiado en uno de los programas de asistencia pública enumerados anteriormente, o si ha requerido atención institucional a largo plazo durante un período de tiempo, es posible que USCIS no niegue necesariamente su solicitud de AOS. Se requiere que USCIS evalúe esta información dentro del contexto de la totalidad de todas sus circunstancias personales. Sus circunstancias personales incluyen muchos factores diferentes, que incluyen, entre otros: su edad, salud, situación familiar, estado financiero, los recursos disponibles para usted, educación y habilidades vocacionales.
Si recibió beneficios que no son en efectivo (aparte de la institucionalización para atención a largo plazo) o beneficios en efectivo para propósitos especiales que no fueron para el mantenimiento de ingresos, USCIS no lo sopesará en su contra. La siguiente es una lista no exhaustiva de beneficios no monetarios que no afectarán negativamente su solicitud:
- Medicaid y otros seguros de salud y servicios de salud (incluida la asistencia pública para inmunizaciones y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades transmisibles;
- Uso de clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo y servicios médicos de emergencia (aparte del apoyo para la atención institucional a largo plazo;
- Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP);
- Programas de nutrición, incluidos cupones de alimentos, el Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC), el Programa nacional de desayuno y almuerzo escolar y otros programas de asistencia alimentaria suplementaria y de emergencia;
- Beneficios de vivienda;
- Servicios de cuidado de niños;
- Asistencia de energía, como el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP);
- Socorro de emergencia en casos de desastre;
- Cuidado de crianza y asistencia para la adopción;
- Asistencia educativa, incluidos los beneficios bajo la Ley de Head Start y ayuda para la educación primaria, secundaria o superior;
- Programas, servicios o asistencia basados en la comunidad (como comedores populares, asesoramiento e intervención en casos de crisis y refugio a corto plazo)
- Programas estatales y locales que son similares a los programas mencionados anteriormente
¿Cómo se verá afectada mi solicitud de AOS si mi familiar es el que recibe asistencia pública, no yo?
Si su familiar actualmente o anteriormente dependía de la asistencia pública, pero no como su único medio de apoyo financiero, USCIS no sopesará ese beneficio en su contra al evaluar su solicitud. Pero si su familiar actualmente o anteriormente dependía de la asistencia pública como su único medio de apoyo financiero, USCIS tomará una determinación caso por caso. Evaluarán la asistencia pública de su familiar junto con la totalidad de sus circunstancias personales para determinar si es probable que se convierta en una carga pública en algún momento en el futuro.
Este blog no pretende ser un consejo legal y nada aquí debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información que lea aquí.
This Facebook widget is no longer supported.
On September 14, 2026, the U.S. District Court for the District of Massachusetts issued a nationwide preliminary injunction in Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration v. U.S. Department of Homeland Security , halting the implementation of the Department of Homeland Security (DHS) final rule that was scheduled to eliminate “duration of status” (D/S) on September 15, 2026. As a result of this nationwide order, DHS is blocked from enforcing fixed periods of admission for F-1 students, J-1 exchange visitors, and I media representatives while the litigation moves forward. Because the current “duration of status” framework remains in full effect, F, J, and I visa holders are not required to file Form I-539 extension of stay applications to remain in valid status beyond program end dates at this time. Furthermore, restrictions on academic transfers, constraints on enrolling in second programs at the same degree level, 240-day caps on continued employment while extensions are pending, and shortened grace periods do not apply during the injunction. F-1 nonimmigrants retain the full 60-day post-completion grace period, and J-1 holders maintain their 30-day grace period. However, please note that this preliminary injunction is not a final ruling invalidating the rule , and a status conference is scheduled for October 2, 2026, to determine next steps in the litigation. Immediate Practice Tips: Inspect I-94 Travel Records Upon Reentry: F, J, and I visa holders currently admitted under D/S retain their status and should continue to be readmitted under D/S following international travel until the injunction is lifted. However, because the I-94 record controls legal stay, travelers must inspect their CBP-issued Form I-94 immediately upon reentry to confirm the "Admit Until Date" states "D/S" rather than a specific expiration date. If a specific date is mistakenly recorded, contact a local CPB Deferred Inspection Site. Notify HR and Review Workplace Compliance: Employers sponsoring F-1 or J-1 employees should inform HR and hiring managers that the September 15 fixed-period rule is postponed and standard D/S rules govern. This development does not alter standard filing windows or Form I-9 verification procedures for post-completion OPT or STEM OPT extensions. Maintain Operational Readiness and Defer Unnecessary Filings: Visa holders and employers should defer travel or filing strategy decisions made solely in anticipation of the fixed-admission rule. Because DHS may appeal or the court could alter the timeline on short notice, institutions and visa holders should maintain readiness to adjust plans if implementation resumes. There are many evolving components to this litigation. If you are an F-1, J-1, or I visa holder, sponsoring institution, or employer, you should proactively coordinate with your international student office and legal counsel to protect your status and monitor upcoming court proceedings.
The Department of Homeland Security (DHS) published its final rule eliminating the longstanding "duration of status" (D/S) policy for F, J, and I visa holders, replacing it with a fixed period of admission effective September 15, 2026. This rule requires that those who need additional time to complete their programs must file Form I-539 with USCIS or travel abroad and seek to reenter to extend their authorized period of stay. F and J visa holders present in the U.S. and in valid status on September 15, 2026, will be allowed to remain in the United States until the Program End Date listed on their current Form I-20 (for F-1s) or Form DS-2019 (for J-1s), up to a maximum of four years (until September 15, 2030) plus a 60-day grace period for F-1s and a 30-day grace period for J-1s, without filing an Extension of Status request with USCIS. However, this safety net only applies while staying in the U.S.; international travel and subsequent reentry after September 15, 2026 will result in readmission under the new rule with an I-94 that expires on the Program End Date or Employment Authorization Document (EAD) expiration, but no later than four-years after their date of re-entry. Additionally, once re-admitted under the new rules, F-1s will only receive a 30-day grace period. Immediate Practice Tips: Any F-1 or J-1 nonimmigrant currently in the U.S. who plans to change programs, start a new degree level, or needs more time to complete their studies must work with their school or program sponsor to update their SEVIS record and receive an extended Form I-20 or DS-2019 before September 15, 2026. Eligible F-1 students should submit their post-completion OPT or STEM OPT work authorization applications (Form I-765) before September 15, 2026, to secure their status and drastically reduce the likelihood of needing a Form I-539 extension application. Any F-1 student who is eligible to apply for OPT or STEM OPT before March 18, 2027, should do so as soon as they are eligible to file their Form I-765. Since F-1s can file OPT applications up to 90 days in advance of graduation, F-1 students graduating before June 15,2027, should be able to file their OPT applications before March 18, 2027, and should do so to avoid also having to file Form I-539 to extend their stay. Thus, most F-1 students graduating in December 2026 and May/June 2027 should be able to take advantage of the transition rule’s delay in having to file Form I-539 applications and should only need to file Form I-765 to apply for OPT. Incoming F-1 and J-1 students who can enter the United States before the September 15, 2026 effective date (within the permissible 30-day window prior to their program start) should do so to benefit from the transition rules, including the full 60-day F-1 grace period and deferred extension requirements. Students (F-1 and J-1) who are planning international travel should return before the effective date if possible to preserve their transition benefits. There are many parts of the rule that are not discussed here. If you are currently an F-1 or J-1 visa holder, you should proactively coordinate with your institutions and international office to protect your status and stay informed.
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has released updated policy guidance detailing how officers will evaluate "public charge" inadmissibility for individuals applying for green cards through adjustment of status. This update follows a Department of Homeland Security (DHS) final rule that rescinds the 2022 public charge regulations. The new policy takes effect on September 18, 2026 , and applies to all green card applications (Form I-485) postmarked or submitted on or after that date. Who Is Subject to the Public Charge Rule? Most family-based and employment-based green card applicants will be subject to the public charge ground of inadmissibility. This includes spouses, children, and parents of U.S. citizens or legal permanent residents, as well as most employment visa preference categories, investors, and diversity visa applicants. Certain categories remain explicitly exempt under immigration law. These include: Asylees and refugees Victims of human trafficking (T visa) or crime (U visa) Violence Against Women Act (VAWA) self-petitioners Special Immigrant Juveniles Temporary Protected Status (TPS) applicants Certain military-related applicants and other designated humanitarian groups How USCIS Will Make Determinations USCIS officers will evaluate whether an applicant is likely to become a public charge by reviewing the totality of their circumstances on a case-by-case basis. Key factors include: Five Statutory Factors: Age, health, family status, assets/financial resources, and education or skills. Affidavit of Support: Submission of Form I-864 executed by a sponsor. Use of Public Benefits: USCIS will look at means-tested public benefits, such as cash assistance for income maintenance, housing assistance, food stamps (SNAP), or college financial aid. Note on timing: For benefits received before September 18, 2026, USCIS will only consider public cash assistance for income maintenance and long-term institutionalization at government expense. For benefits received on or after September 18, 2026, the broader consideration of all listed means-tested benefits will apply. Public Charge Bonds If an officer determines that an applicant is inadmissible solely on public charge grounds, USCIS may issue a Notice of Intent to Deny that invites the applicant to post a public charge bond using Form I-945. If an invited applicant successfully posts the required cash or surety bond, USCIS may approve the application for permanent residence. Public charge bonds can only be submitted if explicitly invited by USCIS. Santos Lloyd Law Firm will continue to monitor immigration developments closely and provide updates as further implementation details are released. For more information, please access: https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-issues-guidance-on-making-public-charge-inadmissibility-determination
