¿Qué puedo hacer si mi caso de inmigración tarda una eternidad en procesarse?

Angelica Rice • July 14, 2023

Click here to read this article in English

    La COVID-19 ha impactado muchas áreas de nuestras vidas y, lamentablemente, esto también incluye el trabajo realizado por USCIS. Anteriormente, los tiempos de procesamiento eran algo razonables, pero últimamente algunos casos tardan un año o más en procesarse cuando el tiempo de procesamiento original era mucho más corto. Peor aún, algunos casos parecen haber desaparecido por completo del radar de la agencia y USCIS no está tomando ninguna medida al respecto. ¿Qué puede hacer para tratar de avanzar en su caso?


Llame al centro de contacto de USCIS y realice una consulta sobre el estado de su caso.

El número de contacto de USCIS es 1 (800) 375 5283.


    Si su caso está fuera de los tiempos de procesamiento normalmente publicados (lo que significa que ha estado pendiente durante más tiempo que el tiempo de procesamiento publicado para su tipo de solicitud), puede llamar al número de teléfono indicado, hablar con un oficial y hacer una consulta sobre lo que está sucediendo y la razón de por qué se está demorando el procesamiento de su caso.


  • Presentar una Solicitud de Defensor del Pueblo


    Si la consulta a USCIS no funciona, puede realizar una Solicitud de Ombudsman. La Oficina del Defensor del Pueblo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CIS Ombudsman) ayuda a las personas y a los empleadores a resolver las dificultades que están experimentando con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Las solicitudes del Defensor del Pueblo generalmente reciben una respuesta dentro de unas pocas semanas o meses después de haber sido enviadas.


https://www.dhs.gov/topic/cis-ombudsman/forms/7001#no-back


  • Póngase en contacto con un representante del Congreso

    Si enviar una Solicitud de Ombudsman no funciona, puede comunicarse con su representante local en el Congreso de su distrito y solicitar asistencia con su caso de inmigración.


    El primer paso para acceder a la asistencia del Congreso es encontrar el nombre y la información de contacto del representante del Congreso en este sitio web: www.house.gov. En la sección superior derecha de la pantalla, debe haber un mensaje que diga "Ingrese su código postal". Una vez que ingrese su código postal, debe aparecer el nombre y la información de contacto de su representante.


    La información de contacto de la asistencia del Congreso suele ser una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, aunque generalmente se prefiere el correo electrónico. Una vez que se haya contactado con el representante del Congreso y le explique la situación, el congresista le informará sobre cualquier formulario o documento que deba presentar. Si se presentare una solicitud de agilización a través de la oficina del Congreso, la oficina del Congreso requerirá los documentos que demuestren las razones para el procesamiento acelerado.


    Uno de los formularios generales que se requiere para todas las consultas con el representante del Congreso es la renuncia a la privacidad. Una oficina del Congreso no puede comunicarse con USCIS con respecto a una solicitud de inmigrante sin el permiso del solicitante. Esta renuncia les otorga el permiso para acceder a la aplicación y la información que tiene USCIS. En consecuencia, se debe completar una exención de privacidad que requiere: información sobre el caso, el número de caso de USCIS, información de identificación general, un resumen de la situación, los esfuerzos realizados para resolver el problema y cualquier otro documento clave. Esta exención permitiría al congresista proporcionar actualizaciones sobre la solicitud en cuestión.


    A partir de ese momento, el congresista debería poder guiar al solicitante en la dirección correcta para cualquier actualización o documentos adicionales que se requieran. USCIS generalmente resuelve los casos dentro de los 30 días posteriores a la solicitud enviada por la oficina del Congreso, ya sea por correo electrónico o correspondencia escrita.

  • Un último recurso: Presentar un Auto de Acción de Mandamus


    En inmigración, un mandamus es generalmente una demanda civil contra los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en un Tribunal Federal.

Esta demanda le pide a la corte que obligue a la agencia de inmigración a tomar una decisión sobre la solicitud o petición del demandante inmigrante.
Además de USCIS, la orden judicial también le permite presentar una demanda contra otras agencias estadounidenses, como:


- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI);

- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y

- Consulados o embajadas de los Estados Unidos.


    La medida cautelar se puede utilizar en los casos en que ha habido una demora irrazonable o una suspensión ilegal de la acción.

    Este tipo de acción debe requerir como último recurso, después de que se hayan explorado a fondo otros medios.


    Para decidir si una de estas opciones es adecuada para usted, comuníquese con nuestra oficina y consulte a uno de nuestros profesionales de inmigración altamente experimentados.


Este blog no busca constituir una asesoría legal y nada de lo que aquí lea debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar basado en cualquier información contenida en el presente.

Angelica Rice

By Kris Quadros-Ragar February 6, 2025
On January 29, 2025, President Trump signed the Laken Riley Act into law, significantly altering how immigration policies are enforced in the United States. This legislation grants State attorneys general and other authorized officials unprecedented authority to interpret and implement federal immigration policies. It also empowers them to take legal action against the federal government if they believe federal immigration enforcement negatively impacts their state. With this new authority, states now play a direct role in shaping immigration outcomes—a responsibility traditionally held by the federal government. One of the most immediate effects of the Laken Riley Act is that it allows states to seek injunctive relief to block the issuance of visas to nationals of countries that refuse or unreasonably delay the acceptance of their citizens who have been ordered removed from the United States . This means that if a country does not cooperate with U.S. deportation efforts, its nationals—regardless of their legal status—could face significant difficulties obtaining or renewing visas. As a result, foreign nationals from these countries may encounter increased uncertainty when traveling internationally or securing work authorization in the U.S. Beyond visa processing, the law introduces a new level of unpredictability into the immigration system. By allowing state attorneys general to intervene in federal procedures, and immigration policies that may now vary based on state-level decisions. In the coming months, it remains to be seen how individual states will wield this power—whether they will actively seek to block visa issuance or push for broader immigration enforcement measures. For foreign nationals and employers, staying informed about which countries are deemed “uncooperative” is now more important than ever. Those needing visa renewals or planning international travel should prepare for potential delays and seek professional guidance to navigate these uncertainties. The Laken Riley Act also mandates federal immigration authorities to detain and deport individuals without legal status who are charged with certain offenses, including minor theft or shoplifting, assaulting a law enforcement officer, and crimes resulting in death or serious bodily injury. This provision underscores a stricter approach to immigration enforcement, affecting individuals accused of both minor and serious offenses. With immigration policies now subject to a new layer of state involvement, it is more important than ever to stay informed and prepared for potential challenges. If you have concerns about how the Laken Riley Act may affect your immigration status or business, contact Santos Lloyd Law Firm for strategic counsel tailored to your needs.
By Angelica Rice January 31, 2025
On January 28, 2025, Secretary of Homeland Security Kristi Noem vacated the January 10, 2025, decision by former Secretary Alejandro Mayorkas that had extended the 2023 designation of Temporary Protected Status (TPS) for Venezuela and ordered that his January 17, 2025, notice re-designating Venezuela TPS be vacated. This action has understandably caused confusion and concern among Venezuelan TPS beneficiaries and those with pending applications. It is critical to clarify that this does not mean that the TPS program for Venezuela has been eliminated . Instead, the Department of Homeland Security (DHS) must now reconsider whether to re-designate (extend) or terminate the previous Venezuela TPS designations from 2021 and 2023. What Does the Vacatur Mean? Because the January 17, 2025, TPS extension was vacated, the most recent valid TPS designation for Venezuela remains the October 3, 2023, designation . The vacatur does not immediately affect TPS protections for individuals covered under the prior designations. However, DHS must make key decisions in the coming months: By February 1, 2025 , DHS must decide whether to extend or terminate the October 3, 2023, designation . By July 12, 2025 , DHS must decide whether to extend or terminate the March 9, 2021, designation . If the Secretary does not make a timely determination (for example, if the Secretary were not to make determination by February 1, 2025 whether to extend or terminate the 2023 Venezuela TPS designation), then the statute provides for an automatic extension of the designation for an additional period of 6 months . INA 244(b)(3)(C), 8 U.S.C. 1254a(b)(3)(C). Until these decisions are made, TPS remains in effect under the previous designations , and those who have already been granted TPS are not immediately impacted. Who Is Affected and What Should You Do? Current TPS Holders If you were already granted TPS under the March 9, 2021, or October 3, 2023, designations, your status remains valid. You must continue to comply with all re-registration requirements to maintain your protection and work authorization. Re-registration period: TPS beneficiaries under the 2021 and 2023 designations must re-register between January 17, 2025, and September 10, 2025 , to maintain their legal status and work authorization. Individuals with Pending TPS Applications as of January 17, 2025 If you applied for TPS before January 17, 2025 , under a previous designation, your application will continue to be processed . If your application is approved, your TPS protection will remain valid at least until April 2, 2025 . There is no need to reapply. Individuals Who Applied for TPS Between January 10, 2025, and January 28, 2025 If you applied for TPS during this period, USCIS will cease processing your applications and issue refunds of any fees paid in association with those applications . Additionally, USCIS will invalidate EADs; Forms 1-797, Notice of Action (Approval Notice); and Forms 1-94, Arrival/Departure Record (collectively known as TPS-related documentation) that have been issued with October 2, 2026 expiration dates under the January 17, 2025 Mayorkas Notice. What Happens Next? Given the Biden administration’s prior support for TPS, many expect DHS to extend or re-designate Venezuela for TPS rather than terminate it . However, no final decision has been made , and Venezuelan nationals with TPS or pending applications should continue to follow updates closely. What Should You Do Now? If you currently hold TPS , continue to comply with all TPS renewal requirements and remain aware of DHS’s upcoming decisions. If you have a pending application , check USCIS updates regularly and consult with an immigration attorney for the latest guidance.  If you applied between January 17, 2025, and January 28, 2025 , seek legal counsel to understand how the vacatur may affect your application. Stay Informed and Get Legal Guidance Our immigration firm is closely following these developments and will provide updates as soon as DHS makes its decision. If you have questions about your TPS status or how this memo affects your case, contact our office today for a consultation. For more information, refer to the official DHS notice on the vacatur: Vacatur of 2025 Temporary Protected Status Decision for Venezuela .
By Angelica Rice January 23, 2025
On January 20, 2025, President Donald Trump signed an executive order titled "Protecting the Meaning and Value of American Citizenship," which aims to end birthright citizenship for certain children born in the United States . This order specifically targets children born to mothers who are either unlawfully present or temporarily in the U.S. on visas, such as student, work, or tourist visas, if the father is neither a U.S. citizen nor a lawful permanent resident. Under this new policy, these children will no longer be granted automatic U.S. citizenship. The order is set to take effect 30 days from its signing and applies only to births occurring after that period, meaning it does not retroactively affect children born before the effective date. This executive order challenges the long-standing interpretation of the 14th Amendment of the U.S. Constitution, which guarantees citizenship to all individuals born on American soil . The amendment states, "All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside." For over a century, this provision has been understood to grant citizenship to most individuals born in the U.S., regardless of their parents' immigration status. In response to the executive order, immigrant rights advocacy groups, including the American Civil Liberties Union (ACLU), have filed lawsuits challenging its constitutionality . They argue that the order violates the clear mandate of the 14th Amendment and undermines fundamental American values. Legal experts anticipate that this issue will be contested in courts, with the potential for the order to be blocked or overturned. On January 23, 2025, a federal judge in Seattle issued a temporary restraining order (TRO), effectively blocking the executive order from taking effect for the next 14 days . The court cited potential constitutional violations and the need for further legal briefings before any enforcement could proceed. This ruling provides temporary relief to affected families and signals the likelihood of a prolonged legal battle. Further hearings are scheduled to determine whether the order will be permanently blocked or allowed to proceed. For families affected by this order, there is growing concern about the potential challenges their children may face without U.S. citizenship. Access to essential services, education, and employment opportunities could become more difficult for those impacted. However, it is important to remain hopeful, as the legal system provides checks and balances to ensure that any executive action aligns with constitutional principles. Historically, similar attempts to restrict birthright citizenship have faced significant legal challenges and have not been upheld . If you or someone you know may be impacted by this executive order, staying informed and understanding your rights is crucial. At Santos Lloyd Law Firm, P.C., our trusted immigration attorneys are available to provide guidance and support during this uncertain time, please contact us if you need assistance.
Show More
Share by:
WhatsApp Live Chat
WhatsApp Logo

Contact Us

×
Hello! How can we help you?