Shutdown Showdown: La amenaza que se cierne sobre los servicios de inmigración en medio de las disputas fiscales

Flavia Santos • November 30, 2023

Click here to read this article in English

Cada año, al comenzar el nuevo año fiscal federal, el Congreso de los Estados Unidos se enfrenta a la tarea fundamental de llegar a un consenso sobre la financiación del gobierno federal. Si el Congreso no logra llegar a un acuerdo y aprobar el proyecto de ley de asignaciones necesarias, existe la posibilidad de que se produzca un cierre parcial del gobierno.

Las consecuencias de dicho cierre sólo serían uniformes en algunas agencias gubernamentales si se produjera el 1 de octubre de 2023. El alcance del impacto fluctuaría, en particular para las agencias que se ocupan de asuntos relacionados con la inmigración, dependiendo de varios factores, incluida su capacidad para generar tasas y otras consideraciones.

A pesar de la incertidumbre, se prevé que ciertas funciones esenciales del gobierno persistirían, asegurando que los servicios básicos y las responsabilidades se sigan cumpliendo, incluso en el caso de un estancamiento de la financiación del gobierno. Aunque un cierre del gobierno no es definitivo, si ocurre, podemos anticipar retrasos en las prestaciones de inmigración. Teniendo en cuenta anteriores cierres, es probable que los servicios de inmigración se vean interrumpidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) funciona principalmente con tasas y no con fondos públicos. Las oficinas del USCIS han permanecido normalmente abiertas en anteriores cierres, pero debemos prever una ralentización de las operaciones y cuellos de botella en la tramitación.

Esta ralentización se produce debido a la reducción de los niveles de personal, principalmente cuando los adjudicadores de USCIS dependen de otras funciones del gobierno para tomar decisiones. Aunque USCIS no depende en gran medida de la financiación del gobierno, la interconexión de varios organismos puede afectar indirectamente a su eficiencia durante los cierres del gobierno, dando lugar a posibles retrasos en los servicios relacionados con la inmigración y las decisiones.


Hablando del impacto directo de la inmigración en el gobierno federal, cabe destacar la estructura de financiación y los efectos potenciales de los cierres del gobierno en agencias específicas del gobierno de EE.UU. y sus funciones relacionadas con la inmigración.

Departamento de Estado (DOS)

El Departamento de Estado de EE.UU., que desempeña un papel fundamental en la gestión de las solicitudes de visado y los servicios a los ciudadanos estadounidenses, depende de la financiación procedente de las tasas de solicitud de visado y otros cargos relacionados. Este modelo de financiación ha permitido históricamente al departamento mantener servicios esenciales, incluida la tramitación de visados para ciudadanos e inmigrantes.

Sin embargo, en caso de un cierre prolongado del Gobierno, los servicios no urgentes podrían verse afectados, lo que posiblemente provocaría la suspensión de diversas funciones relacionadas con los visados. Esto se manifestaría como la no emisión de visados de negocios y de empleo y posibles cancelaciones o reprogramaciones de citas pendientes de solicitud de visado.

Departamento de Trabajo (DOL)

Por otra parte, el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) se enfrenta a retos más importantes durante los cierres gubernamentales. A diferencia de los organismos que generan ingresos, el DOL depende en gran medida de la financiación pública. En consecuencia, los anteriores cierres gubernamentales han afectado significativamente a las funciones del DOL relacionadas con la inmigración.

Esta interrupción ha sido particularmente evidente en las solicitudes de condición laboral (LCA), las solicitudes de certificación laboral PERM y las solicitudes de salario prevaleciente. Durante los cierres, estas funciones se suspendieron por lo general, acumulando atrasos y tiempos de procesamiento prolongados, incluso después de que las operaciones del gobierno se reanudaron.

Estos distintos modelos de financiación y las tendencias históricas ponen de relieve las diferentes vulnerabilidades de las agencias en relación con los servicios de inmigración durante los cierres del gobierno. Subraya la importancia de las consideraciones presupuestarias y la planificación de contingencias para garantizar la continuidad de las funciones esenciales de inmigración, en particular cuando los modelos de financiación basados en tasas pueden proporcionar cierta resistencia, pero no son inmunes a las interrupciones causadas por los cierres prolongados del gobierno.

La incapacidad para tramitar los LCA influiría directamente en la capacidad de los empleadores para tramitar las peticiones H-1B, H-1B1 y E-3. Además, si se produce un cierre del gobierno, es muy probable que E-Verify, el sistema que los empleadores utilizan para confirmar la elegibilidad de empleo, no esté operativo.

En consecuencia, los empleadores podrían iniciar, abordar o cumplir los plazos necesarios dentro del sistema una vez que se restablezca tras la reanudación de las operaciones del gobierno. Es esencial subrayar que los empleadores seguirán estando obligados a realizar las verificaciones I-9 sin exenciones ni excepciones, incluso sin la funcionalidad de E-Verify.

En resumen, un cierre del gobierno de EE.UU. puede prolongar la duración de la tramitación de diversos asuntos relacionados con la inmigración. Las principales repercusiones, en particular para los empleadores estadounidenses que contratan a trabajadores extranjeros, abarcan:

  • La incapacidad de los empleadores de conseguir LCA aprobadas para peticiones H-1B, H-1B1 y E-3.


  • La incapacidad del Departamento de Trabajo para tramitar las solicitudes de certificación laboral PERM y determinar los salarios vigentes.

  • El posible obstáculo para las personas que deseen solicitar visados de negocios y de empleo para entrar en Estados Unidos.


Como se mencionó anteriormente, un cierre no es el escenario más probable, pero teniendo en cuenta la situación actual con las personas migrantes, es probable que sea una opción que se ejecute. Seremos los primeros en informarles de cualquier novedad que se produzca en esta situación.

Este blog no pretende ser asesoramiento jurídico y nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Por favor, programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información leída aquí.

This Facebook widget is no longer supported.

Flavia Lloyd

By Kris Quadros-Ragar August 27, 2026
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has released updated policy guidance detailing how officers will evaluate "public charge" inadmissibility for individuals applying for green cards through adjustment of status. This update follows a Department of Homeland Security (DHS) final rule that rescinds the 2022 public charge regulations. The new policy takes effect on September 18, 2026 , and applies to all green card applications (Form I-485) postmarked or submitted on or after that date. Who Is Subject to the Public Charge Rule? Most family-based and employment-based green card applicants will be subject to the public charge ground of inadmissibility. This includes spouses, children, and parents of U.S. citizens or legal permanent residents, as well as most employment visa preference categories, investors, and diversity visa applicants. Certain categories remain explicitly exempt under immigration law. These include: Asylees and refugees Victims of human trafficking (T visa) or crime (U visa) Violence Against Women Act (VAWA) self-petitioners Special Immigrant Juveniles Temporary Protected Status (TPS) applicants Certain military-related applicants and other designated humanitarian groups How USCIS Will Make Determinations USCIS officers will evaluate whether an applicant is likely to become a public charge by reviewing the totality of their circumstances on a case-by-case basis. Key factors include: Five Statutory Factors: Age, health, family status, assets/financial resources, and education or skills. Affidavit of Support: Submission of Form I-864 executed by a sponsor. Use of Public Benefits: USCIS will look at means-tested public benefits, such as cash assistance for income maintenance, housing assistance, food stamps (SNAP), or college financial aid. Note on timing: For benefits received before September 18, 2026, USCIS will only consider public cash assistance for income maintenance and long-term institutionalization at government expense. For benefits received on or after September 18, 2026, the broader consideration of all listed means-tested benefits will apply. Public Charge Bonds If an officer determines that an applicant is inadmissible solely on public charge grounds, USCIS may issue a Notice of Intent to Deny that invites the applicant to post a public charge bond using Form I-945. If an invited applicant successfully posts the required cash or surety bond, USCIS may approve the application for permanent residence. Public charge bonds can only be submitted if explicitly invited by USCIS. Santos Lloyd Law Firm will continue to monitor immigration developments closely and provide updates as further implementation details are released. For more information, please access: https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-issues-guidance-on-making-public-charge-inadmissibility-determination
By Kris Quadros-Ragar August 20, 2026
The Department of Homeland Security (DHS) is considering a regulatory proposal that would remove the discretionary 60-day grace period currently available to certain nonimmigrant visa holders (including H-1B, L-1, TN, E, and O-1) and their dependents. The draft rule is currently undergoing interagency review by the Office of Management and Budget (OMB) and has not yet been formally published for public feedback. What This Means Right Now Nothing changes today. The 60-day grace period remains in effect while this rule goes through the approval process. Under current rules, if your job ends early, you have up to 60 days (or until your I-94 expires) to leave the U.S., find a new sponsor, or apply to change status. What Could Change If approved, foreign workers who lose their jobs would no longer get automatic time to find a new employer or change status from within the U.S. They would generally be required to leave the country immediately. Next Steps Once the OMB finishes its initial review, the proposed rule will be published in the Federal Register, opening a public comment period of 30 to 60 days. Based on feedback received during this time, DHS may decide to alter, withdraw, or proceed with the proposal. If the government decides to finalize the rule, the entire process will likely take several months before taking effect. Santos Lloyd Law Firm will continue to monitor developments closely and will share updates on our immigration blog and social media pages as more details emerge.
By Joseph Lennarz July 17, 2026
Navigating the United States immigration system can be complicated and stressful, and maximizing your chances of a successful outcome can have a huge positive impact on your personal or professional life. While hiring an experienced immigration attorney is an excellent first step toward securing a positive outcome, it is vital to remember that legal representation is fundamentally a partnership. Your attorney is your advocate, but the strength and efficiency of your case rely heavily on the preparation, collaboration, and transparency you bring to the table. To help you maximize the value of your legal counsel and build a seamless, robust application package, here are five essential tips for making your partnership with an immigration attorney a genuine success. 1. Streamlining Translated Documents: The Value of Advance Preparation Submitting an immigration petition requires an extensive paper trail of supporting evidence. This often includes vital records such as birth certificates, marriage licenses, divorce decrees, police clearance certificates, or academic transcripts. A strict, non-negotiable rule enforced by USCIS is that any document used as supporting evidence that is written in a language other than English must be accompanied by a full and complete English translation. You can proactively save significant time and keep your legal process moving forward by arranging for these translations before sending documents to your attorney. However, you cannot simply translate them yourself or have a bilingual friend write it out. USCIS requires the translator to provide a formal, written attestation. While you don’t need to hire a professional translator, the certification must explicitly state that the translator is competent to translate from the foreign language into English and that the translation is accurate, true, and complete. Having these documents translated with proper written attestations beforehand allows your attorney to begin analyzing your evidence and compiling your packet immediately without administrative delays. 2. Understanding Legal Fees vs. USCIS Filing Fees Like any legal process, immigration law matters are expensive, and they involve two distinct types of cost- understanding these can help you to budget properly and avoid unnecessary friction or delays. When entering into a legal retainer agreement, it is crucial to recognize the operational difference between the legal fees charged by your law firm and the administrative filing fees mandated by the U.S. government:  Legal Fees: These fees are paid directly to your immigration attorney for their professional expertise, time, legal labor, and ongoing representation. This covers strategy formulation, document drafting, compilation of the legal brief, and managing communications with government agencies. A good attorney will be clear about how much things will cost, at what point you will need to pay them, and why the costs may vary for certain situations (such as expediting a case to meet a deadline). USCIS Fees: These are flat filing fees established by the U.S. government to process specific immigration forms. These fees are mandatory regardless of whether you hire an attorney, and they are generally non-refundable—meaning the government keeps the money even if your application is ultimately denied. It is also important to remember that these fees will be charged to your account shortly after your case is filed, so make sure you have the requisite amount available in your account to avoid your filing being rejected due to payment failure. Review your legal contract carefully to ensure you understand how both fee types are structured. Your attorney will explicitly instruct you on how and when government fees must be paid, which typically requires separate checks, money orders, or specific credit card authorization forms made out directly to the "U.S. Department of Homeland Security." 3. Submitting Your Documents Properly When preparing documents for your attorney, ensure that they are properly scanned using a scanner or a dedicated mobile scanning app. If you must take photos of a document using a smartphone, ensure the camera is perfectly level, the lighting is bright and even, and the image displays the entire document —including all four corners, edges, and margins. Blurry, skewed, or cropped images look unprofessional and raise immediate red flags regarding document alteration. Furthermore, pay absolute attention to signature requirements. While electronic signatures are standard in commercial business, USCIS enforces strict guidelines. Most immigration forms and critical supporting affidavits require an original "wet signature"—meaning you must physically sign the paper document with an ink pen before it is submitted or scanned. Digital fonts or unapproved electronic signatures can result in your entire application package being rejected and sent back, costing you valuable time and filing priorities. 4. Transparency is Key: Providing the Full Picture Your immigration attorney’s sole objective is to protect your interests, advocate for your legal status, and help you achieve your goals. However, an attorney cannot effectively defend you against risks they do not know exist. To ensure a successful outcome, you must provide your legal counsel with a complete, completely unvarnished picture of all relevant facts—both positive and negative—from your very first consultation. Clients are occasionally hesitant to disclose past complications, such as a prior visa denial, an unauthorized period of employment, an arrest or citation, or previous marriages. Concealing these facts from your attorney is incredibly risky. The U.S. government possesses expansive domestic and international databases and will uncover this information during background checks. If your attorney is blindsided by an undisclosed adverse fact mid-process, they cannot prepare a proactive legal defense, alternative strategy, or necessary waiver in advance. Remember that your disclosures are entirely protected by attorney-client privilege; your attorney is there to solve your problems, not to judge them! 5. Managing Expectations: Why Attorneys Cannot Guarantee Outcomes One of the most foundational elements of a healthy attorney-client relationship is alignment on expectations. It is critical to understand from the outset that an immigration attorney can never guarantee a successful outcome for your case. Whether you are applying for a family-sponsored green card, an employment-based visa, asylum, or naturalization, the ultimate authority to approve or deny a petition rests entirely within the discretion of U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), Department of State consular officers, or immigration judges. Immigration law explicitly grants immense discretionary power to the government officials evaluating your case. An attorney’s role is to deeply analyze the law, construct a compelling legal narrative, meticulously organize your supporting evidence, and protect your rights from administrative overreach. However, because the final decision is entirely subject to agency discretion, any attorney who claims a "100% guaranteed approval" is acting unethically. Trust the counsel who gives you an honest assessment of your case's strengths and potential vulnerabilities, rather than empty promises. Conclusion: A Collaborative Approach to Success Achieving your immigration goals is a shared responsibility. Treat your application with the seriousness it deserves, work hand-in-hand with your legal counsel, and you will set yourself on the most reliable path to success. If you are ready to take action on your case and are seeking a competent, experienced, and trustworthy immigration attorney to work with you towards the outcome you are looking for, please contact us today and we will be ready to assist you.
Show More