Shutdown Showdown: La amenaza que se cierne sobre los servicios de inmigración en medio de las disputas fiscales

Flavia Santos • November 30, 2023

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Cada año, al comenzar el nuevo año fiscal federal, el Congreso de los Estados Unidos se enfrenta a la tarea fundamental de llegar a un consenso sobre la financiación del gobierno federal. Si el Congreso no logra llegar a un acuerdo y aprobar el proyecto de ley de asignaciones necesarias, existe la posibilidad de que se produzca un cierre parcial del gobierno.

Las consecuencias de dicho cierre sólo serían uniformes en algunas agencias gubernamentales si se produjera el 1 de octubre de 2023. El alcance del impacto fluctuaría, en particular para las agencias que se ocupan de asuntos relacionados con la inmigración, dependiendo de varios factores, incluida su capacidad para generar tasas y otras consideraciones.

A pesar de la incertidumbre, se prevé que ciertas funciones esenciales del gobierno persistirían, asegurando que los servicios básicos y las responsabilidades se sigan cumpliendo, incluso en el caso de un estancamiento de la financiación del gobierno. Aunque un cierre del gobierno no es definitivo, si ocurre, podemos anticipar retrasos en las prestaciones de inmigración. Teniendo en cuenta anteriores cierres, es probable que los servicios de inmigración se vean interrumpidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) funciona principalmente con tasas y no con fondos públicos. Las oficinas del USCIS han permanecido normalmente abiertas en anteriores cierres, pero debemos prever una ralentización de las operaciones y cuellos de botella en la tramitación.

Esta ralentización se produce debido a la reducción de los niveles de personal, principalmente cuando los adjudicadores de USCIS dependen de otras funciones del gobierno para tomar decisiones. Aunque USCIS no depende en gran medida de la financiación del gobierno, la interconexión de varios organismos puede afectar indirectamente a su eficiencia durante los cierres del gobierno, dando lugar a posibles retrasos en los servicios relacionados con la inmigración y las decisiones.


Hablando del impacto directo de la inmigración en el gobierno federal, cabe destacar la estructura de financiación y los efectos potenciales de los cierres del gobierno en agencias específicas del gobierno de EE.UU. y sus funciones relacionadas con la inmigración.

Departamento de Estado (DOS)

El Departamento de Estado de EE.UU., que desempeña un papel fundamental en la gestión de las solicitudes de visado y los servicios a los ciudadanos estadounidenses, depende de la financiación procedente de las tasas de solicitud de visado y otros cargos relacionados. Este modelo de financiación ha permitido históricamente al departamento mantener servicios esenciales, incluida la tramitación de visados para ciudadanos e inmigrantes.

Sin embargo, en caso de un cierre prolongado del Gobierno, los servicios no urgentes podrían verse afectados, lo que posiblemente provocaría la suspensión de diversas funciones relacionadas con los visados. Esto se manifestaría como la no emisión de visados de negocios y de empleo y posibles cancelaciones o reprogramaciones de citas pendientes de solicitud de visado.

Departamento de Trabajo (DOL)

Por otra parte, el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) se enfrenta a retos más importantes durante los cierres gubernamentales. A diferencia de los organismos que generan ingresos, el DOL depende en gran medida de la financiación pública. En consecuencia, los anteriores cierres gubernamentales han afectado significativamente a las funciones del DOL relacionadas con la inmigración.

Esta interrupción ha sido particularmente evidente en las solicitudes de condición laboral (LCA), las solicitudes de certificación laboral PERM y las solicitudes de salario prevaleciente. Durante los cierres, estas funciones se suspendieron por lo general, acumulando atrasos y tiempos de procesamiento prolongados, incluso después de que las operaciones del gobierno se reanudaron.

Estos distintos modelos de financiación y las tendencias históricas ponen de relieve las diferentes vulnerabilidades de las agencias en relación con los servicios de inmigración durante los cierres del gobierno. Subraya la importancia de las consideraciones presupuestarias y la planificación de contingencias para garantizar la continuidad de las funciones esenciales de inmigración, en particular cuando los modelos de financiación basados en tasas pueden proporcionar cierta resistencia, pero no son inmunes a las interrupciones causadas por los cierres prolongados del gobierno.

La incapacidad para tramitar los LCA influiría directamente en la capacidad de los empleadores para tramitar las peticiones H-1B, H-1B1 y E-3. Además, si se produce un cierre del gobierno, es muy probable que E-Verify, el sistema que los empleadores utilizan para confirmar la elegibilidad de empleo, no esté operativo.

En consecuencia, los empleadores podrían iniciar, abordar o cumplir los plazos necesarios dentro del sistema una vez que se restablezca tras la reanudación de las operaciones del gobierno. Es esencial subrayar que los empleadores seguirán estando obligados a realizar las verificaciones I-9 sin exenciones ni excepciones, incluso sin la funcionalidad de E-Verify.

En resumen, un cierre del gobierno de EE.UU. puede prolongar la duración de la tramitación de diversos asuntos relacionados con la inmigración. Las principales repercusiones, en particular para los empleadores estadounidenses que contratan a trabajadores extranjeros, abarcan:

  • La incapacidad de los empleadores de conseguir LCA aprobadas para peticiones H-1B, H-1B1 y E-3.


  • La incapacidad del Departamento de Trabajo para tramitar las solicitudes de certificación laboral PERM y determinar los salarios vigentes.

  • El posible obstáculo para las personas que deseen solicitar visados de negocios y de empleo para entrar en Estados Unidos.


Como se mencionó anteriormente, un cierre no es el escenario más probable, pero teniendo en cuenta la situación actual con las personas migrantes, es probable que sea una opción que se ejecute. Seremos los primeros en informarles de cualquier novedad que se produzca en esta situación.

Este blog no pretende ser asesoramiento jurídico y nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Por favor, programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información leída aquí.

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Flavia Lloyd

By Juliana LaMendola September 3, 2026
The Department of Homeland Security (DHS) published its final rule eliminating the longstanding "duration of status" (D/S) policy for F, J, and I visa holders, replacing it with a fixed period of admission effective September 15, 2026. This rule requires that those who need additional time to complete their programs must file Form I-539 with USCIS or travel abroad and seek to reenter to extend their authorized period of stay. F and J visa holders present in the U.S. and in valid status on September 15, 2026, will be allowed to remain in the United States until the Program End Date listed on their current Form I-20 (for F-1s) or Form DS-2019 (for J-1s), up to a maximum of four years (until September 15, 2030) plus a 60-day grace period for F-1s and a 30-day grace period for J-1s, without filing an Extension of Status request with USCIS. However, this safety net only applies while staying in the U.S.; international travel and subsequent reentry after September 15, 2026 will result in readmission under the new rule with an I-94 that expires on the Program End Date or Employment Authorization Document (EAD) expiration, but no later than four-years after their date of re-entry. Additionally, once re-admitted under the new rules, F-1s will only receive a 30-day grace period. Immediate Practice Tips: Any F-1 or J-1 nonimmigrant currently in the U.S. who plans to change programs, start a new degree level, or needs more time to complete their studies must work with their school or program sponsor to update their SEVIS record and receive an extended Form I-20 or DS-2019 before September 15, 2026. Eligible F-1 students should submit their post-completion OPT or STEM OPT work authorization applications (Form I-765) before September 15, 2026, to secure their status and drastically reduce the likelihood of needing a Form I-539 extension application. Any F-1 student who is eligible to apply for OPT or STEM OPT before March 18, 2027, should do so as soon as they are eligible to file their Form I-765. Since F-1s can file OPT applications up to 90 days in advance of graduation, F-1 students graduating before June 15,2027, should be able to file their OPT applications before March 18, 2027, and should do so to avoid also having to file Form I-539 to extend their stay. Thus, most F-1 students graduating in December 2026 and May/June 2027 should be able to take advantage of the transition rule’s delay in having to file Form I-539 applications and should only need to file Form I-765 to apply for OPT. Incoming F-1 and J-1 students who can enter the United States before the September 15, 2026 effective date (within the permissible 30-day window prior to their program start) should do so to benefit from the transition rules, including the full 60-day F-1 grace period and deferred extension requirements. Students (F-1 and J-1) who are planning international travel should return before the effective date if possible to preserve their transition benefits.  There are many parts of the rule that are not discussed here. If you are currently an F-1 or J-1 visa holder, you should proactively coordinate with your institutions and international office to protect your status and stay informed.
By Kris Quadros-Ragar August 27, 2026
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has released updated policy guidance detailing how officers will evaluate "public charge" inadmissibility for individuals applying for green cards through adjustment of status. This update follows a Department of Homeland Security (DHS) final rule that rescinds the 2022 public charge regulations. The new policy takes effect on September 18, 2026 , and applies to all green card applications (Form I-485) postmarked or submitted on or after that date. Who Is Subject to the Public Charge Rule? Most family-based and employment-based green card applicants will be subject to the public charge ground of inadmissibility. This includes spouses, children, and parents of U.S. citizens or legal permanent residents, as well as most employment visa preference categories, investors, and diversity visa applicants. Certain categories remain explicitly exempt under immigration law. These include: Asylees and refugees Victims of human trafficking (T visa) or crime (U visa) Violence Against Women Act (VAWA) self-petitioners Special Immigrant Juveniles Temporary Protected Status (TPS) applicants Certain military-related applicants and other designated humanitarian groups How USCIS Will Make Determinations USCIS officers will evaluate whether an applicant is likely to become a public charge by reviewing the totality of their circumstances on a case-by-case basis. Key factors include: Five Statutory Factors: Age, health, family status, assets/financial resources, and education or skills. Affidavit of Support: Submission of Form I-864 executed by a sponsor. Use of Public Benefits: USCIS will look at means-tested public benefits, such as cash assistance for income maintenance, housing assistance, food stamps (SNAP), or college financial aid. Note on timing: For benefits received before September 18, 2026, USCIS will only consider public cash assistance for income maintenance and long-term institutionalization at government expense. For benefits received on or after September 18, 2026, the broader consideration of all listed means-tested benefits will apply. Public Charge Bonds If an officer determines that an applicant is inadmissible solely on public charge grounds, USCIS may issue a Notice of Intent to Deny that invites the applicant to post a public charge bond using Form I-945. If an invited applicant successfully posts the required cash or surety bond, USCIS may approve the application for permanent residence. Public charge bonds can only be submitted if explicitly invited by USCIS. Santos Lloyd Law Firm will continue to monitor immigration developments closely and provide updates as further implementation details are released. For more information, please access: https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-issues-guidance-on-making-public-charge-inadmissibility-determination
By Kris Quadros-Ragar August 20, 2026
The Department of Homeland Security (DHS) is considering a regulatory proposal that would remove the discretionary 60-day grace period currently available to certain nonimmigrant visa holders (including H-1B, L-1, TN, E, and O-1) and their dependents. The draft rule is currently undergoing interagency review by the Office of Management and Budget (OMB) and has not yet been formally published for public feedback. What This Means Right Now Nothing changes today. The 60-day grace period remains in effect while this rule goes through the approval process. Under current rules, if your job ends early, you have up to 60 days (or until your I-94 expires) to leave the U.S., find a new sponsor, or apply to change status. What Could Change If approved, foreign workers who lose their jobs would no longer get automatic time to find a new employer or change status from within the U.S. They would generally be required to leave the country immediately. Next Steps Once the OMB finishes its initial review, the proposed rule will be published in the Federal Register, opening a public comment period of 30 to 60 days. Based on feedback received during this time, DHS may decide to alter, withdraw, or proceed with the proposal. If the government decides to finalize the rule, the entire process will likely take several months before taking effect. Santos Lloyd Law Firm will continue to monitor developments closely and will share updates on our immigration blog and social media pages as more details emerge.
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