Shutdown Showdown: La amenaza que se cierne sobre los servicios de inmigración en medio de las disputas fiscales

Flavia Santos • November 30, 2023

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Cada año, al comenzar el nuevo año fiscal federal, el Congreso de los Estados Unidos se enfrenta a la tarea fundamental de llegar a un consenso sobre la financiación del gobierno federal. Si el Congreso no logra llegar a un acuerdo y aprobar el proyecto de ley de asignaciones necesarias, existe la posibilidad de que se produzca un cierre parcial del gobierno.

Las consecuencias de dicho cierre sólo serían uniformes en algunas agencias gubernamentales si se produjera el 1 de octubre de 2023. El alcance del impacto fluctuaría, en particular para las agencias que se ocupan de asuntos relacionados con la inmigración, dependiendo de varios factores, incluida su capacidad para generar tasas y otras consideraciones.

A pesar de la incertidumbre, se prevé que ciertas funciones esenciales del gobierno persistirían, asegurando que los servicios básicos y las responsabilidades se sigan cumpliendo, incluso en el caso de un estancamiento de la financiación del gobierno. Aunque un cierre del gobierno no es definitivo, si ocurre, podemos anticipar retrasos en las prestaciones de inmigración. Teniendo en cuenta anteriores cierres, es probable que los servicios de inmigración se vean interrumpidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) funciona principalmente con tasas y no con fondos públicos. Las oficinas del USCIS han permanecido normalmente abiertas en anteriores cierres, pero debemos prever una ralentización de las operaciones y cuellos de botella en la tramitación.

Esta ralentización se produce debido a la reducción de los niveles de personal, principalmente cuando los adjudicadores de USCIS dependen de otras funciones del gobierno para tomar decisiones. Aunque USCIS no depende en gran medida de la financiación del gobierno, la interconexión de varios organismos puede afectar indirectamente a su eficiencia durante los cierres del gobierno, dando lugar a posibles retrasos en los servicios relacionados con la inmigración y las decisiones.


Hablando del impacto directo de la inmigración en el gobierno federal, cabe destacar la estructura de financiación y los efectos potenciales de los cierres del gobierno en agencias específicas del gobierno de EE.UU. y sus funciones relacionadas con la inmigración.

Departamento de Estado (DOS)

El Departamento de Estado de EE.UU., que desempeña un papel fundamental en la gestión de las solicitudes de visado y los servicios a los ciudadanos estadounidenses, depende de la financiación procedente de las tasas de solicitud de visado y otros cargos relacionados. Este modelo de financiación ha permitido históricamente al departamento mantener servicios esenciales, incluida la tramitación de visados para ciudadanos e inmigrantes.

Sin embargo, en caso de un cierre prolongado del Gobierno, los servicios no urgentes podrían verse afectados, lo que posiblemente provocaría la suspensión de diversas funciones relacionadas con los visados. Esto se manifestaría como la no emisión de visados de negocios y de empleo y posibles cancelaciones o reprogramaciones de citas pendientes de solicitud de visado.

Departamento de Trabajo (DOL)

Por otra parte, el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) se enfrenta a retos más importantes durante los cierres gubernamentales. A diferencia de los organismos que generan ingresos, el DOL depende en gran medida de la financiación pública. En consecuencia, los anteriores cierres gubernamentales han afectado significativamente a las funciones del DOL relacionadas con la inmigración.

Esta interrupción ha sido particularmente evidente en las solicitudes de condición laboral (LCA), las solicitudes de certificación laboral PERM y las solicitudes de salario prevaleciente. Durante los cierres, estas funciones se suspendieron por lo general, acumulando atrasos y tiempos de procesamiento prolongados, incluso después de que las operaciones del gobierno se reanudaron.

Estos distintos modelos de financiación y las tendencias históricas ponen de relieve las diferentes vulnerabilidades de las agencias en relación con los servicios de inmigración durante los cierres del gobierno. Subraya la importancia de las consideraciones presupuestarias y la planificación de contingencias para garantizar la continuidad de las funciones esenciales de inmigración, en particular cuando los modelos de financiación basados en tasas pueden proporcionar cierta resistencia, pero no son inmunes a las interrupciones causadas por los cierres prolongados del gobierno.

La incapacidad para tramitar los LCA influiría directamente en la capacidad de los empleadores para tramitar las peticiones H-1B, H-1B1 y E-3. Además, si se produce un cierre del gobierno, es muy probable que E-Verify, el sistema que los empleadores utilizan para confirmar la elegibilidad de empleo, no esté operativo.

En consecuencia, los empleadores podrían iniciar, abordar o cumplir los plazos necesarios dentro del sistema una vez que se restablezca tras la reanudación de las operaciones del gobierno. Es esencial subrayar que los empleadores seguirán estando obligados a realizar las verificaciones I-9 sin exenciones ni excepciones, incluso sin la funcionalidad de E-Verify.

En resumen, un cierre del gobierno de EE.UU. puede prolongar la duración de la tramitación de diversos asuntos relacionados con la inmigración. Las principales repercusiones, en particular para los empleadores estadounidenses que contratan a trabajadores extranjeros, abarcan:

  • La incapacidad de los empleadores de conseguir LCA aprobadas para peticiones H-1B, H-1B1 y E-3.


  • La incapacidad del Departamento de Trabajo para tramitar las solicitudes de certificación laboral PERM y determinar los salarios vigentes.

  • El posible obstáculo para las personas que deseen solicitar visados de negocios y de empleo para entrar en Estados Unidos.


Como se mencionó anteriormente, un cierre no es el escenario más probable, pero teniendo en cuenta la situación actual con las personas migrantes, es probable que sea una opción que se ejecute. Seremos los primeros en informarles de cualquier novedad que se produzca en esta situación.

Este blog no pretende ser asesoramiento jurídico y nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Por favor, programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información leída aquí.

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Flavia Lloyd

By Juliana LaMendola March 13, 2026
On January 14, 2026, the Trump administration announced a freeze on immigrant visa issuance for nationals of 75 countries . The administration states that this “visa freeze” is intended to review security protocols, “reduce risks,” and control immigration flows. However, the immediate reality is that this change in policy has temporarily suspended visa processing and restricted travel for applicants from numerous countries across the globe. While the legal landscape surrounding these suspensions is highly fluid and subject to change, it is important to consider how this “visa freeze” might impact your current status or immigration plans. The scope of the restrictions varies drastically depending on your country of origin and specific visa category. Most notably, a nationality-based travel ban restricts visa issuance for 19 countries : Afghanistan, Burma, Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, and Venezuela. Beyond this targeted ban, a broader freeze affects applicants from a designated list of up to 75 countries, leading to indefinite delays for many visa petitions. However, it is important to note that immigrant visa applications first need to be processed through USCIS, which has not paused processing applications from the 75 countries. Thus, it is important to contact an attorney to understand at what point in the process this visa freeze may affect your case. While Brazil is included in the list of 75 countries, at the time of this publication, the freeze does not include non-immigrant visas for Brazil . Non-immigrant visas are granted to foreign nationals seeking to enter the United States on a temporary basis for specific purposes, such as tourism, studying, or temporary work. This means that Brazilian applicants can still safely pursue non-immigrant employment options, such as O visas for individuals with extraordinary ability or P visas for internationally recognized athletes, without being subjected to the current travel bans or suspensions. This alert is for informational purposes only and does not constitute legal advice. There are many changes and uncertainties, so please consult with a qualified attorney at Santos Lloyd Law Firm, P.C. to understand how these evolving policies might affect your specific case
By Denice Flores March 6, 2026
Recent data in 2026 shows a sharp increase in Requests for Evidence across employment-based visa categories such as EB-1, EB-2 NIW, O, and H-1B. Requests for Evidence (RFEs) are no longer reserved for borderline cases; even robust petitions for high-level talent are facing unprecedented scrutiny. The expansion of the USCIS Vetting Center means automated tools are cross-referencing every petition, triggering RFEs for even the smallest inconsistencies. For EB-2 NIW petitions, adjudicators are increasingly questioning the "National Importance" of a candidate’s endeavor. Even for those with impressive credentials, USCIS now demands evidence of how their work specifically benefits the U.S. on a prospective basis. For O-1A and O-1B visas, officers are applying narrower interpretations of "distinction" and "extraordinary ability," often mischaracterizing evidence already present in the record. Additionally, a troubling 2026 trend is the correlation between Premium Processing and RFEs . For discretionary categories like EB-1A and EB-2 NIW, Premium Processing has increasingly become a "fast track" to a poorly reasoned RFE. Reports indicate that adjudicators, pressured by 15-business-day timelines, may be relying on AI-assisted vetting tools that trigger automated RFEs with general and boilerplate language, rather than a thorough review and analysis of supporting documents and evidence filed. With USCIS employing more rigorous AI-driven vetting and a narrower interpretation of visa criteria, the margin for error has disappeared . As such, ensure you consult with an experienced immigration attorney before filing a petition. ' If you have any questions, please schedule a consultation with one of our experienced attorneys, and we will be more than happy to assist you.
By Juliana LaMendola February 19, 2026
In recent weeks, the U.S. government has moved to terminate Temporary Protected Status (TPS) for multiple countries, sparking a wave of last-minute litigation and creating significant uncertainty for beneficiaries. This shift is having a profound impact on those who rely on TPS for lawful presence and work authorization in the United States. Across the country, federal courts have intervened to pause or block scheduled TPS terminations for several countries, including Burma (Myanmar), Ethiopia, Haiti, South Sudan, and Syria. In response to these court orders, USCIS has updated its webpages to indicate that TPS status and related Employment Authorization Documents (EADs) are extended for these populations. However, USCIS is intentionally not providing specific new end dates for EAD validity while the litigation remains in flux. The Department of Homeland Security (DHS) has prominently noted that it "vehemently disagrees" with these court orders and is actively working with the Department of Justice on next steps. This legal landscape remains highly unpredictable and varies drastically depending on the country of origin. For example, on February 9, 2026, the 9th Circuit Court of Appeals granted a stay allowing the government to proceed with the termination of TPS for Nicaragua, Honduras, and Nepal while the underlying legal challenges continue. Because of this ruling, the automatic extension of work authorization for these individuals has ended, and employers are now required to reverify the work authorization of affected employees, who must present alternative valid documentation to continue their employment. These rapid changes and the lack of clear end dates are causing complications beyond the workplace. Because driver's licenses often track the length of an individual's authorized stay, many DMVs are currently declining to issue or renew driver's licenses for impacted TPS populations. For employers, managing internal communications, avoiding onboarding errors, and navigating Form I-9 compliance has become increasingly complex. It is more important than ever to be well-prepared and proactive in monitoring these rapid changes. At Santos Lloyd Law Firm, P.C., our immigration attorneys are ready to guide you through this evolving process and ensure you are informed, and supported. Please contact us if you have questions or need assistance.
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