Shutdown Showdown: La amenaza que se cierne sobre los servicios de inmigración en medio de las disputas fiscales

Flavia Santos • November 30, 2023

Click here to read this article in English

Cada año, al comenzar el nuevo año fiscal federal, el Congreso de los Estados Unidos se enfrenta a la tarea fundamental de llegar a un consenso sobre la financiación del gobierno federal. Si el Congreso no logra llegar a un acuerdo y aprobar el proyecto de ley de asignaciones necesarias, existe la posibilidad de que se produzca un cierre parcial del gobierno.

Las consecuencias de dicho cierre sólo serían uniformes en algunas agencias gubernamentales si se produjera el 1 de octubre de 2023. El alcance del impacto fluctuaría, en particular para las agencias que se ocupan de asuntos relacionados con la inmigración, dependiendo de varios factores, incluida su capacidad para generar tasas y otras consideraciones.

A pesar de la incertidumbre, se prevé que ciertas funciones esenciales del gobierno persistirían, asegurando que los servicios básicos y las responsabilidades se sigan cumpliendo, incluso en el caso de un estancamiento de la financiación del gobierno. Aunque un cierre del gobierno no es definitivo, si ocurre, podemos anticipar retrasos en las prestaciones de inmigración. Teniendo en cuenta anteriores cierres, es probable que los servicios de inmigración se vean interrumpidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) funciona principalmente con tasas y no con fondos públicos. Las oficinas del USCIS han permanecido normalmente abiertas en anteriores cierres, pero debemos prever una ralentización de las operaciones y cuellos de botella en la tramitación.

Esta ralentización se produce debido a la reducción de los niveles de personal, principalmente cuando los adjudicadores de USCIS dependen de otras funciones del gobierno para tomar decisiones. Aunque USCIS no depende en gran medida de la financiación del gobierno, la interconexión de varios organismos puede afectar indirectamente a su eficiencia durante los cierres del gobierno, dando lugar a posibles retrasos en los servicios relacionados con la inmigración y las decisiones.


Hablando del impacto directo de la inmigración en el gobierno federal, cabe destacar la estructura de financiación y los efectos potenciales de los cierres del gobierno en agencias específicas del gobierno de EE.UU. y sus funciones relacionadas con la inmigración.

Departamento de Estado (DOS)

El Departamento de Estado de EE.UU., que desempeña un papel fundamental en la gestión de las solicitudes de visado y los servicios a los ciudadanos estadounidenses, depende de la financiación procedente de las tasas de solicitud de visado y otros cargos relacionados. Este modelo de financiación ha permitido históricamente al departamento mantener servicios esenciales, incluida la tramitación de visados para ciudadanos e inmigrantes.

Sin embargo, en caso de un cierre prolongado del Gobierno, los servicios no urgentes podrían verse afectados, lo que posiblemente provocaría la suspensión de diversas funciones relacionadas con los visados. Esto se manifestaría como la no emisión de visados de negocios y de empleo y posibles cancelaciones o reprogramaciones de citas pendientes de solicitud de visado.

Departamento de Trabajo (DOL)

Por otra parte, el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) se enfrenta a retos más importantes durante los cierres gubernamentales. A diferencia de los organismos que generan ingresos, el DOL depende en gran medida de la financiación pública. En consecuencia, los anteriores cierres gubernamentales han afectado significativamente a las funciones del DOL relacionadas con la inmigración.

Esta interrupción ha sido particularmente evidente en las solicitudes de condición laboral (LCA), las solicitudes de certificación laboral PERM y las solicitudes de salario prevaleciente. Durante los cierres, estas funciones se suspendieron por lo general, acumulando atrasos y tiempos de procesamiento prolongados, incluso después de que las operaciones del gobierno se reanudaron.

Estos distintos modelos de financiación y las tendencias históricas ponen de relieve las diferentes vulnerabilidades de las agencias en relación con los servicios de inmigración durante los cierres del gobierno. Subraya la importancia de las consideraciones presupuestarias y la planificación de contingencias para garantizar la continuidad de las funciones esenciales de inmigración, en particular cuando los modelos de financiación basados en tasas pueden proporcionar cierta resistencia, pero no son inmunes a las interrupciones causadas por los cierres prolongados del gobierno.

La incapacidad para tramitar los LCA influiría directamente en la capacidad de los empleadores para tramitar las peticiones H-1B, H-1B1 y E-3. Además, si se produce un cierre del gobierno, es muy probable que E-Verify, el sistema que los empleadores utilizan para confirmar la elegibilidad de empleo, no esté operativo.

En consecuencia, los empleadores podrían iniciar, abordar o cumplir los plazos necesarios dentro del sistema una vez que se restablezca tras la reanudación de las operaciones del gobierno. Es esencial subrayar que los empleadores seguirán estando obligados a realizar las verificaciones I-9 sin exenciones ni excepciones, incluso sin la funcionalidad de E-Verify.

En resumen, un cierre del gobierno de EE.UU. puede prolongar la duración de la tramitación de diversos asuntos relacionados con la inmigración. Las principales repercusiones, en particular para los empleadores estadounidenses que contratan a trabajadores extranjeros, abarcan:

  • La incapacidad de los empleadores de conseguir LCA aprobadas para peticiones H-1B, H-1B1 y E-3.


  • La incapacidad del Departamento de Trabajo para tramitar las solicitudes de certificación laboral PERM y determinar los salarios vigentes.

  • El posible obstáculo para las personas que deseen solicitar visados de negocios y de empleo para entrar en Estados Unidos.


Como se mencionó anteriormente, un cierre no es el escenario más probable, pero teniendo en cuenta la situación actual con las personas migrantes, es probable que sea una opción que se ejecute. Seremos los primeros en informarles de cualquier novedad que se produzca en esta situación.

Este blog no pretende ser asesoramiento jurídico y nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Por favor, programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información leída aquí.

This Facebook widget is no longer supported.

Flavia Lloyd

By Josephine Franz May 22, 2026
In the span of about five weeks, U.S. visa policy changed in ways that affect close to 100 countries. A Presidential Proclamation issued on December 16, 2025, expanded an earlier travel ban to cover 39 countries effective January 1, 2026. Two weeks later, the Department of State announced a separate administrative pause on immigrant visa issuance for nationals of 75 countries, effective January 21, 2026. The two policies overlap in places, diverge in others, and together create one of the broadest restrictions on U.S. visa issuance in recent memory. For applicants and employers trying to make sense of the news, the most important point is this: the rules differ depending on (a) which country the applicant is from, (b) which visa category they are seeking, and (c) where they were on January 1, 2026. Below is a practical guide to what is in place, what is still available, and what to do next. Two Distinct Policies, One Confused Headline What the press has often called "the visa freeze" is actually two separate policies, with different legal foundations and different scopes. Presidential Proclamation 10998 the 39-country travel ban. Signed December 16, 2025, and effective January 1, 2026, this proclamation supersedes and expands the June 2025 travel ban. It invokes INA §§ 212(f) and 215(a) the same legal authority that the Supreme Court upheld in Trump v. Hawaii (2018) — and divides affected countries into two tiers. The State Department's 75-country immigrant visa pause. Announced on January 14, 2026, and effective January 21, 2026, this is an internal Department of State policy, not a presidential proclamation. It freezes immigrant visa issuance for nationals of 75 countries on a stated rationale of public charge concerns. It has been challenged in court (CLINIC v. U.S. Department of State, S.D.N.Y., filed February 2, 2026) on grounds including the INA's prohibition on nationality-based discrimination in immigrant visa issuance. Because the policies operate independently, an applicant from a country that appears on both lists faces overlapping restrictions, while an applicant from a country on only one list faces a narrower set. Tier 1: Full Suspension Under Proclamation 10998 (19 Countries) Nationals of these 19 countries are subject to a full suspension of both immigrant and nonimmigrant visa issuance: Afghanistan, Burma, Burkina Faso, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Laos, Libya, Mali, Niger, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, and Yemen. The proclamation also applies to individuals traveling on documents issued or endorsed by the Palestinian Authority. For applicants in this tier, no tourist, student, work, or immigrant visas will generally be issued, subject to a narrow set of exceptions discussed below. Tier 2: Partial Suspension Under Proclamation 10998 (19 Countries + Turkmenistan) Nationals of these 19 countries are subject to a partial suspension: Angola, Antigua and Barbuda, Benin, Burundi, Côte d'Ivoire, Cuba, Dominica, Gabon, The Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Tonga, Venezuela, Zambia, and Zimbabwe. For these countries, the proclamation suspends: All immigrant visas, and B-1/B-2 visitor visas, F and M student visas, and J exchange visitor visas. Critically, employment-based and other nonimmigrant categories including H, L, O, P, and R visas remain available to nationals of these countries, although consular officers are directed to reduce the validity period of any such visa to the minimum extent permitted by law. For our firm's many clients in the entertainment, sports, and business immigration space, this distinction is often the difference between a paused career and a viable plan. Turkmenistan occupies a unique position: under the December proclamation, only immigrant visa issuance is suspended; nonimmigrant categories remain available. The Separate State Department Pause (75 Countries) The January 21, 2026 State Department policy paused issuance of immigrant visas only to nationals of 75 countries. The list is broader than the Proclamation 10998 list and notably includes countries with significant client populations for our firm, such as Brazil, Colombia, Egypt, Guatemala, Lebanon, Morocco, Nicaragua, Pakistan, and many others. Two practical points are essential: The pause is limited to immigrant visas. Nonimmigrant visas including B-1/B-2, F-1, J-1, H, L, O, P, and R are not affected by this policy. A Brazilian artist seeking an O-1, a Colombian executive seeking an L-1, or a Lebanese professional seeking an H-1B can generally continue to apply. The policy is being challenged in court. Plaintiffs in CLINIC v. State Department argue that the freeze violates INA § 1152's prohibition on nationality-based discrimination in immigrant visa issuance, the Administrative Procedure Act, and the Fifth Amendment. The outcome is not predictable, and applicants should not delay strategic planning while awaiting a ruling. Who Is Exempt or Otherwise Unaffected Several categories of individuals are not covered by Proclamation 10998, even where their country of nationality appears on the list: Lawful permanent residents of the United States. Green card holders may continue to travel and re-enter, though re-entry can still involve closer secondary inspection. Individuals physically present in the United States on January 1, 2026. The proclamation applies only to those who were outside the U.S. and without a valid visa as of the effective date. Holders of valid visas issued before January 1, 2026. No visa issued before the effective date has been or will be revoked under the proclamation. These visas may continue to be used for travel. Dual nationals who can apply on the passport of a country not subject to the suspension. A, G, and NATO visa holders , certain Special Immigrant Visa applicants, and limited national interest exceptions, including for specific adoption-related cases. It is worth emphasizing that exemption from the entry ban is not the same as exemption from related USCIS processing holds. Some lawful permanent residents from affected countries have nonetheless experienced delays on naturalization (N-400) and family petition (I-130) processing under separate administrative directives. What Applicants Should Do Now Given how rapidly the rules are changing and how case-specific the consequences are, we are advising clients to take the following steps: Identify which list (or lists) applies to you. A national of Iran or Syria faces fundamentally different exposure than a national of Brazil or Colombia, even though both may have heard "visa freeze" in the news. Look at categories, not just countries. For Tier 2 countries and the 75-country pause, employment-based nonimmigrant categories remain a viable path. Many of the O-1, P-1, H-1B, L-1, and EB-1A pathways our firm regularly handles are unaffected by the immigrant-visa freeze. Consider where you are physically located. Applicants currently in the United States have planning options that applicants abroad may not. Departing the country at the wrong moment can convert an inconvenience into a years-long problem. Do not assume current valid visas remain a guarantee of admission. While valid visas are not being revoked, port-of-entry scrutiny has increased, and discretionary admission decisions are ultimately made by Customs and Border Protection. Seek counsel before international travel if you are from any affected country, hold any form of conditional or pending status, or have any concerns about prior immigration history. When to Consult an Attorney The combination of the Proclamation 10998 travel ban, the 75-country immigrant visa pause, ongoing litigation, and the additional USCIS holds on certain benefit applications has produced a landscape where the right answer is rarely obvious from the news alone. Speaking with counsel is especially important when: Your country appears on either list, and you have a pending or planned visa application. You are weighing whether to leave the United States for a consular interview. You are an employer with a foreign national workforce and need to understand which categories remain viable. You are a dual national considering which passport to use. You hold a valid visa from before January 1, 2026, and are uncertain whether to travel. At Santos Lloyd Law Firm, we represent clients from across the affected country lists including substantial numbers in entertainment, sports, business, and family immigration and we are actively monitoring both the litigation and the State Department's evolving guidance. If you have questions about how the current restrictions apply to your case or your company, our attorneys are available to help you build a plan.
By Kris Quadros-Ragar May 14, 2026
Holding a U.S. visa does not guarantee permanent entry. The Department of State can cancel a visa after it is issued through a process called “prudential visa revocation.” These revocations have surged throughout 2025 and 2026. This increase is a direct result of enhanced vetting and increased data sharing between government agencies. Through the Continuous Vetting Center, law enforcement and immigration databases are now cross-referenced in real time, allowing officials to flag and revoke visas the moment new information surfaces or updated information is received, such as a past criminal arrest or a security alert. What is Prudential Visa Revocation? A prudential revocation is a precautionary cancellation. It happens when new information suggests a traveler might be ineligible for a visa or could pose a safety concern. A revocation cancels your visa, but it does not automatically end your status if you are already inside the U.S. and following the rules of your stay. Common triggers include: Criminal Arrests (DUI/DWI): Even a previous incident or single arrest without a conviction can trigger an immediate revocation. Security Alerts: New hits on watchlists or intelligence databases. Loss of Eligibility: Such as losing a job or failing to maintain student status. Fraud: Discovery of errors or lies on previous applications. The DOS usually notifies individuals via the email address listed on their DS-160 application. However, many travelers reportedly only discover the revocation when they are denied boarding at the airport. If your visa is revoked while you are in the U.S., you can typically remain in the country until the date on your Form I-94 expires, provided you continue to follow all terms of your stay. However, you should avoid international travel until you consult with legal counsel, as leaving the U.S. will require you to apply for a brand-new visa to re-enter. This application process may involve extra scrutiny, such as medical evaluations or supplemental documentation - especially if the revocation was triggered by a DUI or DWI. If your visa has been revoked and you need to discuss your legal options, please contact Santos Lloyd Law Firm for guidance.
By Rabia Elhage May 7, 2026
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has recently updated its protocols regarding the screening and vetting of immigration benefit applications. These changes involve a more detailed review process that may impact processing times and evidence requirements for various categories of benefits. Key Changes to the Adjudication Process The updated guidance outlines several shifts in how USCIS processes and reviews applications: Adjustment of EAD Validity Periods: For certain categories, the validity periods of Employment Authorization Documents (EADs) may be shortened. This can result in more frequent eligibility reviews throughout the application process. Expanded Use of Social Media and Financial Data: Adjudicators have been granted broader authority to review an applicant’s social media activity and financial history during the vetting process. Policy Updates on Biometric Verification: The agency is revising its approach to biometric identity verification, including the reuse of fingerprints and photographs. Country-Specific Scrutiny: USCIS is coordinating with the Department of State to apply specific analysis to applications based on regional risk factors and fraud indicators. Impact on Interviews and Processing Applicants for adjustment of status, naturalization, and other benefits may encounter more focused questioning during interviews. USCIS is now tailoring its interview process to address potential red flags associated with specific geographic regions or benefit categories. Because of this increased scrutiny, it is essential that all information provided in an application is consistent with an applicant's public record and digital footprint. Discrepancies or incomplete documentation can result in delays or additional requests for evidence. Next Steps As these procedures are implemented, applicants should ensure that all submitted materials are accurate and verifiable. We recommend a thorough review of all public information and documentation prior to filing. If you have questions regarding how these procedural changes may affect your specific case, our team is available to discuss the current requirements and help navigate the updated process.
Show More